¡Los migrantes no pueden esperar! por Igor Roco

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Gracias al notable esfuerzo del ex presidente Patricio Aylwin, Chile comenzó a partir de la década de los 90´ un proceso de apertura internacional con importantes efectos en los ámbitos jurídico, institucional y económico, y también con relevantes consecuencias desde la perspectiva social. El país ha abierto sus fronteras no sólo a capitales y bienes de consumo, sino que también a personas que buscan en esta pequeña faja de tierra conseguir lo que no encontraron en su patria natal.

La migración internacional hacia Chile se empinó en el año 2014 a los 411 mil migrantes, representando un 2,3 % de la población total del país. Según cifras del Departamento de Extranjería y Migración del ministerio del Interior, en el 2014 el 74,9% de los inmigrantes provenían de Latinoamérica, 56,8% de países limítrofes (Perú 31,7%, Argentina 16,3% y Bolivia 8,8%) y el porcentaje restante de otras nacionalidades, destacando la situación migratoria de colombianos (6,1%) y ecuatorianos (4,7%).

En relación a este último punto, desde el 2005 en adelante comienzan a migrar a Chile personas de otras naciones que a esa fecha prácticamente no tenían ciudadanos en el país, siendo relevante el caso de la comunidad dominicana, que aumentó su presencia de un 0,2% a un 3% en el 2014, y la haitiana que incrementa de un 0% a un 2% en el mismo periodo. Según cifras de la Policía de Investigaciones el año 2013 ingresaron 2.428 haitianos. En cambio, sólo durante los primeros seis meses de este año, han entrado al país 20.196 ciudadanos haitianos, esto es, ocho veces más que en 2013. Además, a Chile migran más mujeres que hombres, existiendo una diferencia de 5% entre ellos, y lo hacen en su mayoría personas entre los 20 y 35 años.

De todas estas cifras es posible concluir algo muy sencillo, que en Chile el flujo migratorio seguirá en aumento, extendiéndose a nacionales no sólo de los países sudamericanos, sino que de otras regiones del mundo a quienes no estábamos acostumbrados a ver en la intersección de calle Catedral con Puente; lo que a su vez tensiona nuestra institucionalidad migratoria y complejiza la inserción de estas personas en la sociedad como resultado de la brecha sociocultural, idiomática y económica que se genera.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico se ha actualizado -en alguna medida- para dar un adecuado tratamiento al flujo internacional de capitales y bienes de consumo, resulta desalentador que esto no haya ocurrido con la normativa que regula el tránsito migratorio de personas.

Nuestro principal instrumento regulatorio, el Decreto Ley N° 1.094, data del año 1975, y constituye la legislación migratoria más antigua de Sudamérica. Es decir, aplicamos al fenómeno de la movilidad humana actual, un instrumento legal concebido para la migración existente en la década de los 70´.

Por otro lado, y lo que resulta aún más paradójico, es que Chile ha suscrito instrumentos internacionales que garantizan derechos para los trabajadores migrantes y sus familias, y participa de instancias regionales que velan por su implementación, pero condiciona su reconocimiento a cierta categoría migratoria conferida en virtud del añejo DL N° 1094 y de normas administrativas.

En otras palabras, el Estado ratifica tratados internacionales que consagran derechos a los migrantes y sus familias en ámbitos como la salud, educación, vivienda, condiciones laborales, por mencionar algunos, pero se los niega a aquellas personas que se encuentran irregulares o indocumentadas en el país.

Considerando que las visas “temporaria” y “sujeta a contrato” están sometidas a requisitos bien restrictivos para quienes no tienen familiares en Chile y difícilmente hablan español, por lo que no pueden encontrar un trabajo fácilmente, resulta aún más reprochable que derechos tan básicos e inherentes a las personas queden en suspenso o limitados a la espera de la futura regularización migratoria. Lo anterior ha provocado que hijos de migrantes no puedan acceder a las prestaciones públicas de salud o que no asistan al colegio por temor a que la situación de irregularidad sea denunciada a las autoridades.

La migración no es, en Chile al menos, un problema en sí. La migración se torna en un problema cuando desde el Estado no existen las políticas y herramientas para abordarla oportuna y adecuadamente, teniendo a la persona como centro, no en cuanto migrante, sino en cuanto persona humana, reconociendo y garantizando los derechos que el Derecho Internacional y los tratados ratificados les reconocen a ellos y sus familias.

El Estado de Chile lleva más de 40 años aplicando la misma legislación migratoria y el único proyecto de ley que pretende modificarla duerme desde el 25 de septiembre de 2014 en el Congreso Nacional (Boletín 8970-06) ¡Los migrantes no pueden esperar!

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